Monterrey, Nuevo León — En un frente unido, diputados de diversas bancadas del Congreso local alzaron la voz con firmeza para exigir que todas las empresas que incumplan las normativas ambientales sean sancionadas de manera ejemplar y obligadas a corregir de fondo sus prácticas contaminantes.
La contundente postura de los legisladores surge tras los recientes y graves casos de contaminación protagonizados por empresas como Ternium y Zinc Nacional en la zona metropolitana de Monterrey, generando una creciente preocupación entre la ciudadanía y las autoridades.
La diputada del PRI, Gabriela Govea López, enfatizó que la salud de la población debe ser la prioridad para las autoridades ante estos incidentes.
“La salud de la población no puede quedar en manos de prácticas irresponsables ni de manejos poco transparentes. Seguiremos insistiendo en respuestas claras y resultados concretos”, aseveró la legisladora priista.
Por su parte, Claudia Chapa Marmolejo, coordinadora de la bancada del Partido Verde, demandó que las multas impuestas por los daños ambientales sean lo suficientemente significativas como para garantizar la remediación efectiva de los perjuicios ocasionados. Criticó la falta de respuestas contundentes por parte de las empresas ante los reclamos de la población. Respecto a la reubicación de las empresas contaminantes, Chapa Marmolejo se mostró escéptica de que sea una solución automática
“No se trata solo de mudarse a otro municipio y seguir contaminando. Hay que asegurarse que no repitan las mismas prácticas donde vayan”, advitió
Miguel Ángel Flores, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, fue categórico al señalar que todas las empresas, sin excepción, deben cumplir estrictamente la regulación ambiental y rectificar cualquier afectación causada al medio ambiente y a los ciudadanos.
“Ojalá y todas las empresas se pongan en regla. Lo más importante aquí no es solamente una sanción ejemplar, sino que estos hechos no se repitan”, subrayó Flores.
Añadió que, si la reubicación es necesaria para evitar la contaminación, se debe llevar a cabo, ya que “el bienestar de la población y el medio ambiente están por encima de cualquier interés económico.
Los legisladores coincidieron en la urgencia de que tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como las autoridades estatales actúen con mayor determinación para asegurar que las empresas que operan en Nuevo León asuman plenamente su responsabilidad ambiental y social.
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