El gobierno del presidente Donald Trump anunció la congelación de 2,200 millones de dólares en fondos federalesdestinados a la Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más reconocidas del mundo, en represalia por su negativa a aplicar medidas impulsadas por la administración para erradicar el antisemitismo en el campus.
La decisión fue comunicada por el Departamento de Educación de EE.UU., que también detuvo contratos plurianuales por valor de 60 millones de dólares. Esta medida se enmarca en una serie de acciones tomadas por la Casa Blanca para enfrentar lo que considera una creciente ola de antisemitismo en instituciones educativas estadounidenses.
Harvard bajo presión por protestas y políticas federales
Harvard, al igual que otras universidades del país, ha sido escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, un tema particularmente sensible desde el regreso de Trump al poder en enero de este año. La Casa Blanca ha manifestado su preocupación por lo que califica como una falta de acción de las universidades para proteger a estudiantes judíos.
“La interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable. El acoso a estudiantes judíos es intolerable”, declaró el Departamento de Educación.
Respuesta de Harvard: defensa de la independencia académica
La respuesta de Harvard no se hizo esperar. El rector Alan Garber publicó una carta dirigida a la comunidad universitaria donde rechaza de manera firme las exigencias de la administración Trump.
“No renunciaremos a nuestra independencia ni a los derechos que nos garantiza la Constitución”, afirmó Garber.
Entre las peticiones rechazadas por Harvard se encontraban auditorías a las opiniones de estudiantes y profesores, así como cambios en sus prácticas de contratación y políticas de admisión, algo que la universidad considera una amenaza directa a la libertad académica.
Un conflicto con implicaciones legales y políticas
La postura de Harvard ha generado una fuerte respuesta desde la Casa Blanca. En un comunicado, el gobierno declaró que la actitud de la universidad “refuerza la preocupante mentalidad” de que los fondos federales no implican responsabilidades legales en materia de derechos civiles.
En marzo, la administración ya había advertido que estaba evaluando retirar hasta 9,000 millones de dólares en subvenciones federales.
Garber subrayó que ningún gobierno debería tener el poder de dictar qué se enseña, a quién se contrata o qué temas se investigan en instituciones privadas. En su opinión, las exigencias de la Casa Blanca contradicen la Primera Enmiendae infringen principios protegidos por la Corte Suprema.
