El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que inició medidas de conciliación y evalúa la estrategia legal a seguir en contra de Nacional Financiera (Nafin), tras la transferencia no autorizada de 10 mil millones de pesos provenientes de cuatro fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con el CJF, Nafin notificó la transferencia total de los recursos que tenía bajo su administración, los cuales estaban destinados al pago de indemnizaciones para los trabajadores del PJF. Sin embargo, el órgano disciplinario señaló que dicha operación se realizó sin su consentimiento y sin instrucción alguna, a pesar de que el CJF figura como fideicomitente.
“El CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente”, comunicó el organismo encabezado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
La controversia surge en el contexto de la reciente reforma al Poder Judicial. En ella, se establece que los juzgadores que decidan no participar en el nuevo proceso de selección o que no resulten electos tienen derecho a un pago extraordinario. Este recurso debía provenir de los fideicomisos en proceso de extinción, de acuerdo con los artículos transitorios décimo del Decreto constitucional y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Jufed exige pago inmediato a jueces separados del cargo
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), a través de su directora Juana Fuentes Velázquez, exigió al CJF el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los jueces que renunciaron como parte de la reforma judicial.
La jueza recordó que la normativa transitoria estableció que estas compensaciones debían haberse entregado desde diciembre del año pasado, conforme a los cronogramas establecidos. Sin embargo, aseguró que esto no se ha cumplido, lo cual representa una violación a los derechos fundamentales de los afectados.
“En una nueva violación de derechos, el Estado mexicano, por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado”, afirmó Fuentes Velázquez.
Tensión entre Poder Judicial y autoridades financieras
La situación ha generado una creciente tensión entre el Poder Judicial y las instituciones financieras del Estado. La transferencia no autorizada de recursos podría sentar un precedente preocupante en cuanto al manejo de fondos públicos asignados a fideicomisos, especialmente aquellos destinados a garantizar los derechos laborales de los servidores públicos.
El caso se encuentra en análisis por parte del CJF, que determinará las acciones legales pertinentes para proteger sus atribuciones y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
