La Casa Blanca ha acusado al “régimen hostil” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de enviar a Estados Unidos a la peligrosa banda criminal Tren de Aragua, lo que ha provocado una nueva crisis diplomática entre Washington y Caracas.
Deportación y tensiones diplomáticas
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en una rueda de prensa que “el Tren de Aragua fue enviado aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela”. Como respuesta, la administración estadounidense ha invocado una ley de 1798 para expulsar a presuntos miembros de esta organización criminal.
Washington ha deportado a varios venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla a El Salvador, donde fueron encarcelados. Sin embargo, esta medida ha generado protestas de activistas de derechos humanos en EE.UU. y ha incrementado las tensiones entre ambos gobiernos, ya que no se han presentado pruebas concretas que vinculen a los deportados con el Tren de Aragua.
Trump y su lucha contra el crimen organizado
El expresidente Donald Trump también ha intervenido en la situación, enfrentándose al poder judicial después de que un juez suspendiera temporalmente la deportación. Trump había designado previamente al Tren de Aragua como una “organización terrorista global”, junto a carteles de la droga mexicanos y la pandilla MS-13.
Leavitt defendió la decisión de deportación, argumentando que “entra dentro de la autoridad del presidente deportar a estos terroristas. Cualquiera que intente defender a estos terroristas debería hablar con las familias de las personas que estos monstruos atroces han asesinado y violado”.
Reacciones y futuro de la crisis
Las acusaciones de la Casa Blanca y la medida de deportación han abierto un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre EE.UU. y Venezuela. Mientras Washington insiste en que el Tren de Aragua representa una amenaza seria para la seguridad nacional, Caracas niega cualquier implicación y denuncia la criminalización de los migrantes venezolanos.
Por ahora, la polémica sigue creciendo mientras se esperan más declaraciones de ambas partes y posibles nuevas acciones judiciales sobre las deportaciones.
