Michoacán.- Luego de 22 horas de audiencia, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por presunto daño al erario de 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en el estado.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Oriente, la jueza de control Patricia Sánchez Nava rechazó las pruebas presentadas por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC. Los imputados fueron procesados por los delitos de peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Rechazan pruebas de la defensa
Durante el extenso debate, los abogados de los imputados intentaron desvirtuar las acusaciones presentando peritajes en grafología, lavado de dinero y documentación que, según ellos, exoneraría a sus clientes. Sin embargo, la jueza desechó dichos argumentos y determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.
El caso involucra el pago a la empresa Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo, la cual presuntamente se benefició con contratos de arrendamiento, servicios y compraventa a sobreprecio de los cuarteles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Acuerdo reparatorio en la mesa
Ante este escenario, los imputados podrían optar por un acuerdo reparatorio con el gobierno de Michoacán, lo que implicaría declararse culpables y devolver parte del dinero desviado. En noviembre de 2024, Inmobiliaria DIP ya accedió a pagar 970 millones de pesos para extinguir la acción penal en su contra.
Azucena Marín Correa, secretaria de la Contraloría de Michoacán, confirmó que uno de los implicados propuso un acuerdo, aunque enfatizó que el objetivo del gobierno estatal es procesar a los cuatro detenidos y continuar con la investigación contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente está prófugo.
Exfuncionarios se defienden
Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, compareció ante la jueza y aseguró que las acusaciones en su contra derivan de funciones que estaban contempladas en el reglamento de la dependencia. La FGR lo señala por gestionar pagos a sobreprecio en los cuarteles de Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Por su parte, la defensa de Carlos Maldonado Mendoza argumentó que el exfuncionario solo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP y que no participó en la toma de decisiones de los contratos de arrendamiento, mantenimiento y compraventa. Según su abogado, la responsabilidad recae en el comité y subcomité de adquisiciones del gobierno estatal.
En el caso de Elizabeth Villegas Pineda, su defensa solicitó que el acuerdo reparatorio de 970 millones de pesos que exoneró a Inmobiliaria DIP también beneficie a los cuatro exfuncionarios, petición que fue rechazada por la jueza.
Plazo de investigación complementaria
La jueza Patricia Sánchez Nava concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras los excolaboradores de Silvano Aureoles permanecerán en prisión preventiva.
Este caso sigue en desarrollo y podría derivar en más acciones legales contra exfuncionarios del gobierno michoacano.
