El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en medio de desacuerdos, el tope de gastos de campaña para las candidaturas del Poder Judicial, estableciendo un monto uniforme de 220 mil 326 pesos para todos los aspirantes, sin importar el cargo al que postulen. Esto incluye desde ministros de la Suprema Corte hasta juzgadores de distrito.
Propuestas para aumentar el tope fueron rechazadas
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, propuso que el límite de gastos se ajustara según el nivel del cargo, permitiendo montos de hasta 1.4 millones de pesos para candidaturas nacionales, como las de la Suprema Corte o la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, la propuesta no obtuvo la mayoría de votos necesarios para su aprobación.
Otra alternativa planteaba un escalonamiento de los montos según el ámbito de la candidatura, con cifras menores para niveles subnacionales, pero tampoco logró consenso.
Justificación del tope aprobado
El acuerdo aprobado sostiene que las campañas del Poder Judicial se desarrollarán principalmente en redes sociales y foros, lo que reduce la necesidad de mayores recursos. Además, la legislación secundaria establece que el límite debe ser equivalente a las aportaciones permitidas para diputaciones federales en la elección anterior.
Taddei también argumentó que los 220 mil pesos deberían ser el piso y no el techo de los gastos, considerando que las candidaturas nacionales requieren más recursos para viáticos y logística.
Críticas por restricciones presupuestarias
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, advirtió que un tope tan bajo podría empujar a los candidatos a incurrir en prácticas irregulares, ya que limita severamente sus posibilidades de promoción.
“Este tope coloca a las candidaturas en un umbral de ocultamiento innecesario y las puede llevar a la ilicitud”, señaló Humphrey, sugiriendo que el límite se ajustara según el cargo.
Riesgos de inequidad con un mayor presupuesto
Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas advirtió que un tope de hasta 2 millones de pesos para candidaturas nacionales generaría desigualdad, favoreciendo a quienes cuentan con mayores recursos económicos. Según su análisis, solo un reducido grupo de aspirantes podría costear campañas de esa magnitud, afectando la equidad de la contienda.
El consejero Jaime Rivera coincidió en que aumentar el tope podría beneficiar desproporcionadamente a quienes ya ocupan un cargo público y tienen acceso a recursos oficiales o privados que, en la práctica, les permiten promocionarse ante un público más amplio.
Campañas digitales justifican el tope
Dania Ravel, también consejera del INE, defendió la decisión de mantener el límite de 220 mil pesos, argumentando que las campañas se desarrollarán principalmente en redes sociales, lo que reduce la relevancia del territorio como factor de gasto.
“No niego que es un tope limitado; sin embargo, más allá de que es un tope expresamente establecido en la legislación, la manera de hacer campañas que concibieron las personas legisladoras para esta elección lo justifica”, declaró.
A pesar de los desacuerdos dentro del INE, el tope de gastos de campaña para las candidaturas del Poder Judicial quedó definido en 220 mil 326 pesos. La medida busca garantizar equidad en la contienda, aunque algunos consejeros advierten que puede ser insuficiente y llevar a prácticas irregulares. El debate sobre la idoneidad del monto sigue abierto en el ámbito político y electoral.
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