Tallahassee, Florida – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes de inmigración que busca reforzar las restricciones estatales y alinear la política del estado con la agenda del expresidente Donald Trump. Esta medida convierte a Florida en un referente entre los estados conservadores que endurecen su postura ante la inmigración ilegal.
Florida Endurece su Política Migratoria
Los republicanos de Florida celebran esta nueva legislación, que convierte al estado en pionero en el uso de recursos locales para apoyar la aplicación de restricciones federales a la inmigración. Sin embargo, grupos de derechos civiles han calificado estas medidas como inconstitucionales y anticipan disputas legales en los tribunales.
Entre las disposiciones más controvertidas de la nueva ley se encuentra la imposición de la pena de muerte a inmigrantes indocumentados que sean condenados por delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores. Esta cláusula va más allá de las políticas federales propuestas por Trump y podría generar impugnaciones judiciales.
Un Debate Dividido entre Republicanos y Demócratas
El proceso de aprobación de esta legislación no estuvo exento de tensiones dentro del Partido Republicano. DeSantis y los legisladores estatales alcanzaron un acuerdo tras semanas de negociaciones en las que el gobernador calificó versiones previas del proyecto como “débiles”. A pesar de la aparente unidad, algunos miembros del partido admitieron que aún persisten desacuerdos internos.
El senador republicano Joe Gruters, aliado de Trump y patrocinador del proyecto, declaró: “En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump, porque de eso se trata todo esto”. No obstante, también reconoció que el proceso de negociación dejó “heridas” dentro del partido.
Inversión Millonaria en Seguridad Fronteriza
El estado destinará 298 millones de dólares a la contratación de más de 50 agentes especializados en inmigración, adquisición de equipo, capacitación para agencias locales y reembolsos para instalaciones de detención. Además, la legislación endurece las penas para inmigrantes en situación irregular que cometan delitos y tipifica como nuevo delito el reingreso a Florida tras haber ingresado ilegalmente al país.
Un punto que generó controversia fue la eliminación de una propuesta que buscaba reducir los poderes de emergencia del gobernador en materia migratoria. También se derogó una ley que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrículas estatales en universidades públicas, lo que provocó reacciones encontradas en la comunidad académica y entre defensores de los derechos de los inmigrantes.
Georgia y Alabama Siguen el Ejemplo de Florida
Estados vecinos como Alabama y Georgia también han acelerado la aprobación de leyes antiinmigración. En Alabama, el Senado aprobó iniciativas que permiten la detención de inmigrantes para verificar su estatus, la recolección de ADN de detenidos sin autorización legal y la revocación del reconocimiento de licencias de conducir emitidas en otros estados sin pruebas de ciudadanía.
Por su parte, Georgia aprobó una ley que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades federales de inmigración. Esta medida se endureció tras el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano en situación irregular.
Las nuevas restricciones migratorias han generado preocupación en comunidades inmigrantes y defensores de los derechos humanos. Jasmin Hernández Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y recién graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, expresó su inquietud: “No necesariamente quiero ser parte de un estado que perpetúa este sentimiento negativo hacia las comunidades marginadas”.
Mientras tanto, los republicanos defienden las medidas como una estrategia necesaria para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias. “Si llegas al país legalmente, estas leyes no te afectan”, afirmó el senador de Alabama Wes Kitchens.
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