El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han puesto al Congreso de Nuevo León en una encrucijada: o sancionan al gobernador Samuel García Sepúlveda por las irregularidades detectadas durante el pasado proceso electoral, o enfrentarán sanciones por desacato.
La exigencia se formalizó este miércoles tras la ratificación de dos nuevas resoluciones contra el mandatario estatal, con lo que ya acumula más de 20 fallos en su contra. Sin embargo, para proceder con una sanción, el Congreso requiere 28 votos, un reto que pone a prueba la capacidad de consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, advirtió que no cumplir con las órdenes del INE y del TEPJF podría traer graves consecuencias. “Nos pueden sancionar porque ya nos están ordenando actuar. Espero que este mes podamos completar el quórum necesario”, señaló. Asimismo, criticó a Morena por, según él, respaldar la agenda del gobernador de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, Miguel Ángel Flores, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, acusó al “PRIAN” de obstaculizar al gobierno estatal. “Siguen con juicios políticos y exhortos en lugar de atender el rezago legislativo. Esta actitud negativa no le sirve a la ciudadanía”, afirmó.
Desde la bancada de Morena, su coordinador Mario Soto Esquer marcó distancia respecto a cualquier acto de corrupción, aunque llamó a realizar un análisis profundo antes de emitir un voto. “No somos parte de una pugna política. Vamos a actuar en beneficio del pueblo y no en función de agendas partidistas”, subrayó.
Con este escenario, el Congreso local enfrenta una decisión clave, no solo para definir el futuro del gobernador Samuel García, sino también para evitar caer en el incumplimiento de las disposiciones electorales. La presión crece y los próximos días serán decisivos.