Monterrey, Nuevo León. El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, adelantó que emprenderá acciones legales en contra del Gobernador Samuel García Sepúlveda, tras la decisión del Ejecutivo Estatal de no publicar el ajuste en los Valores Catastrales de la capital regia en el Periódico Oficial del Estado.
En entrevista, De la Garza Santos calificó como una violación a la ley la omisión de los decretos correspondientes a Monterrey y San Nicolás, mientras que los ajustes de otros municipios sí fueron publicados.
“Vamos a hacer todas las acciones legales que se tengan que hacer. El Gobierno Municipal solicitará al Congreso y al Poder Judicial, tanto federal como estatal, que actúen en contra de alguien que ha estado constantemente y sistemáticamente violando la ley”, aseguró el edil.
Juicios políticos y consecuencias legales
El Alcalde destacó que el Gobernador Samuel García ya enfrenta diversos juicios políticos y advirtió que podría sumarse uno más debido a esta situación.
“Vendrán consecuencias jurídicas. Puede ser ahora o en tres años, pero tiene que haber un ejemplo para los gobernantes que no solo deben cumplir su labor, sino también respetar la ley”, afirmó De la Garza Santos.
Asimismo, criticó la postura del Gobierno Estatal, que argumentó que tiene hasta el 8 de enero para decidir sobre la publicación de los valores catastrales, señalando que esta afirmación es incorrecta y refleja una obstaculización deliberada a las gestiones municipales.
Acusaciones contra el Gobernador
El munícipe también arremetió contra el Ejecutivo Estatal por lo que considera un abandono de responsabilidades, incluyendo la falta de apoyo en proyectos de seguridad y obras públicas.
“Monterrey no dejará obras inconclusas como lo está haciendo el Estado. El Metro es un ejemplo de mala planeación y fracaso. Nosotros haremos un plan que no termine como un desastre, como el Gobernador”, subrayó.
Contexto del conflicto
El ajuste en los Valores Catastrales ha sido un tema polémico debido a los supuestos “aumentos desproporcionados” que, según el Ejecutivo Estatal, justifican la omisión de su publicación. Sin embargo, para el Alcalde regiomontano, esta decisión es ilegal y perjudica a los ciudadanos y la administración municipal.
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