El retraso en la publicación de los valores catastrales de 13 municipios de Nuevo León ha generado una fuerte polémica entre el Congreso Local y el Gobierno del Estado. La diputada Lorena de la Garza Venecia, Presidenta del Congreso, denunció que el Gobernador Samuel García Sepúlveda utiliza esta situación como una estrategia para presionar a los municipios y negociar el Presupuesto 2025.
De acuerdo con la legisladora del PRI, la falta de publicación en el Periódico Oficial del Estado de los 14 decretos pendientes—nueve vencidos desde el 9 de diciembre y cinco más desde el 15 del mismo mes—afectará directamente los ingresos de los ayuntamientos. “El mandatario estatal está obligado por ley a publicarlos, pero parece buscar pretextos para ganar tiempo”, enfatizó De la Garza Venecia.
La diputada señaló que, incluso, dichos valores catastrales fueron aprobados por la Junta Catastral del Estado y respaldados por legisladores de diferentes fracciones, incluyendo Movimiento Ciudadano. Sin embargo, acusó al Gobernador de actuar de manera discrecional al publicar solo los decretos correspondientes a municipios gobernados por Morena y MC, dejando fuera a los encabezados por PRI y PAN.
Entre los municipios afectados se encuentran Monterrey, Apodaca, Santiago y Montemorelos, todos bajo administraciones priistas; así como San Nicolás y Allende, dirigidos por panistas. “Esto no es más que un nuevo golpe a los municipios, que ya enfrentan graves problemas por la falta de recursos”, aseveró la priista.
Publicación selectiva genera controversia
El pasado lunes, tras las declaraciones de De la Garza Venecia, el Ejecutivo estatal difundió en una edición extraordinaria del Periódico Oficial los valores catastrales de municipios alineados con su administración, como Guadalupe y Juárez (MC), así como García y Escobedo (Morena). Esta decisión incrementó las críticas, ya que el resto de los municipios aún no cuenta con las actualizaciones necesarias para ajustar el cobro del impuesto predial.
El Congreso Local acusó al Gobernador de repetir prácticas de la pasada Legislatura, donde se retrasaba la publicación de decretos, y advirtió que esta omisión pone en riesgo las finanzas municipales. “Tuvieron tiempo suficiente para revisar los decretos. El plazo venció, y ahora están incumpliendo la ley”, añadió la legisladora.
Por lo pronto, los municipios afectados enfrentan un futuro incierto en cuanto a sus ingresos, mientras el Congreso Local continuará exigiendo el cumplimiento de la ley y la publicación de los valores catastrales restantes.
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